La Guardia Civil registra empresas en Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla relacionadas con la investigación del 3%

Hay un total de 15 personas investigadas por la presunta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública

Se han llevado a cabo nueve registros en las sedes de ocho empresas implicadas, así como en 13 despachos profesionales

Las actuaciones se enmarcan en las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional

La Guardia Civil ha procedido a la explotación de la denominada Operación COLUSORIUM, en el marco de unas Diligencias Previas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de los de la Audiencia Nacional. Se han registrado un total de ocho empresas y 13 despachos profesionales en Barcelona, Lleida, Bizkaia y Sevilla relacionadas con la supuesta comisión de una serie de delitos contra la Administración Pública.
La investigación, que parte de las operaciones relacionadas con la investigación del 3%, comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. Fechados entre los años 2008 al 2011, de estos emails se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.

Mediante dicho pacto, las empresas privadas que lo integraban acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al mismo. Del mismo modo, las pesquisas de los investigadores han conseguido demostrar la participación de numerosas empresas públicas de la Generalitatde #Cataluña en el entramado corrupto.

 

En este marco, la Guardia Civil investiga el posible direccionamiento irregular de numerosos expedientes de contratación pública, constatándose la celebración de diversas citas con este objeto, entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador.

 

En las actuaciones llevadas a cabo, se ha procedido al requerimiento judicial de los 10 expedientes objeto de investigación, que obran en poder de la empresa pública de Infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos, para su posterior estudio y análisis.

 

Por otra parte, se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte cuantas actuaciones haya realizado en relación con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.