Los #Mossos d'Esquadra pretendían destruir en una incineradora el pasado 26 de octubre archivos que relacionan a mandos y agentes de la policía catalana .La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra és la policia pròpia de Catalunya. El seu objectiu prioritari és treballar per a la comunitat.


El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del dispositivo de coordinación para impedir el referéndum del 1 de octubre, relató el pasado jueves en el Tribunal Supremo el cúmulo de actuaciones de los Mossos d'Esquadra para "conducir al éxito" la jornada de votación suspendida por los tribunales, destacando que la policía catalana realizó contravigilancias y chivatazos.
En su relato, reflejado en el auto por el que el juez del Supremo Pablo Llarena rechaza la excarcelación del exconsejero del Interior Joaquim Forn, el coronel y alto cargo del Ministerio del Interior reveló que fue informado de que se dispusieron patrullas de la policía catalana para vigilar los movimientos y la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Esto dio lugar a que "en muchos de los centros de votación a los que acudieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estaban ya prevenidos de su llegada". También aludió a la "inhibición" de los mossos en aquellos centros de votación que cerraron al mediodía del 1 de octubre para que los integrantes de la mesa pudieran comer, "sin que los agentes hicieran nada para requisar el material ni para impedir la reapertura del centro en las horas de la tarde".
La tesis de Pérez de los Cobos es que el entonces consejero de Interior Joaquín Forn ejerció su "poder político" con el fin de "aprovechar el dominio orgánico y funcional sobre el cuerpo de agentes para conducir las actuaciones policiales al éxito del referéndum del que dependía la declaración de independencia, en vez de al cumplimiento de las muchas resoluciones judiciales que se dictaron para salvaguardar el orden constitucional y legal".
"Como ejemplificación de la ineficacia del dispositivo de la policía autonómica", Pérez de los Cobos resumió que mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil lograron cerrar más de 200 centros de votación en la mañana del día 1 de octubre, los Mossos no cerraron ninguno en esa mañana, "limitándose su intervención a documentar algunos cierres una vez terminada la votación y el escrutinio".
Según la información de Pérez de los Cobos, coordinador del 1-O por mandato del TSJ de Cataluña, "la actuación del cuerpo autonómico estuvo siempre orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que impedía su observancia".

El pretexto de la inacción policial

"El respeto de la convivencia se utilizó como pretexto para impulsar la inacción policial e incumplir la orden judicial de impedir la votación", sostiene el juez Llarena, que recuerda que, en su calidad de testigo, Pérez de los Cobos mostró al tribunal "los elementos que por la inmediata y plural información suministrada a su mando con ocasión del operativo le permiten construir ese juicio conclusivo".
El coronel, que declarará el 14 de febrero ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, responsable de la investigación sobre el que era con Forn mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, recordó que correspondía a su propia escala de mando el compromiso con la orden de impedir el referéndum de cada uno de los tres cuerpos policiales, Mossos, Policía y Guardia Civil.
Ante Llarena, De los Cobos expuso que la jefatura política (Forn como consejero y Pere Soler, director general) y policial (Trapero) "siempre fue contraria a que existiera la figura de coordinador policial, en cumplimiento de lo mandado por el fiscal superior de Cataluña y luego refrendado por la juez del TSJC Mercedes Armas.

Incumplimientos de los Mossos

Recordó que a los Mossos se le encomendó que requisaran los elementos materiales que eran necesarios para llevar a término la votación, así como que impidieran la apertura de los colegios electorales. "Para ello", Pérez de los Cobos "indicó que unos días antes de la fecha señalada para el referéndum, los Mossos habían de requerir de no abrir los centros de votación a los responsables de los mismos, además de impedir su apertura el propio día y de octubre, reclamando para ello el refuerzo de los otros cuerpos (Guardia Civil y Policía Nacional) si lo consideraran necesario".
"Ante esta obligación, el testigo expresó", dice Llarena sobre el coronel, "que los requerimientos en los días previos al 1 de octubre fueron aprovechadas para desvelar el operativo policial dispuesto para impedir la ilegalidad, pues los agentes informaban de que no podían abrir los colegios y de que el día 1 de octubre de 2017 acudirían a las 6.00 horas para comprobar el acatamiento de la orden, expresando también a los requeridos que no harían nada para impedir la apertura si había una congregación de personas que proyectara riesgo de conflictividad".

Pocos agentes y sin medios para la misión

También cuestionó el número de mossos desplegados, como ya hiciera en el Senado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por ser "totalmente insuficiente": se movilizaron 7.000 agentes frente a los 11.000 de otros operativos electorales no conflictivos. Además, los agentes de servicio "se distribuyeron de manera irracional, encomendando el cierre de colegios a binomios de agentes, nunca a grupos policiales en número superior a veinte y, en todo caso, sin los medios adecuados para la misión encomendada".
"Todo lo cual", apostilla el auto sobre el dispositivo, "impedía que las patrullas pudieran actuar de una manera realmente eficaz". De ahí que Pérez de los Cobos concluyera que "por haberse desvelado la pauta de actuación policial a los responsables de los centros de votación, así como por el déficit de dotación a los agentes y por el largo mecanismo de intervención, los Mossos d'Esquadra que quisieran cumplir con las órdenes judiciales no podían hacerlo".
Con el largo mecanismo de intervención se refería Pérez de los Cobos al exceso burocrático para ralentizar o hacer inservible la actuación de los Mossos durante el 1-O. El proceso fijado por los mandos establecía que, en primer lugar, una patrulla tenía que comprobar que se estaba votando y observar en sus diligencias que carecía de capacidad para cerrar el colegio.
La comunicación se tramitaba a la Sala Regional de los Mossos, que a su vez lo comunicaba al Centro de Coordinación Regional, mandando "un grupo de mediación para evaluar si podían pactar una solución con los congregados en el centro de votación". Si persistía el problema, el Centro Regional valoraba si enviaba refuerzo de la policía local.
Si con la policía local no era posible cumplir con el mandato judicial, se tenía que comunicar de nuevo al Centro Regional, que a su vez informaba a un nuevo centro, el de Coordinación Global, encargado de valorar al fin si era necesario dar traslado a la Policía Nacional y la Guardia Civil.




La Policía Nacional ha encontrado entre la documentación que los #Mossos d'Esquadra pretendía destruir en una incineradora el pasado 26 de octubre archivos que relacionan a mandos y agentes de la policía catalana con el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.   Según informa hoy el periódico El Mundo y han confirmado a Efe fuentes próximas a la investigación, entre el material, que fue incautado por la Policía Nacional cuando los Mossos lo llevaban en una furgoneta a la incineradora, figuran documentos que implican a miembros de los Mossos d'Esquadra en la votación del 1-O.
El uso partidista de los #Mossos d'Esquadra ha sido uno de los mayores oprobios del procés. El cénit de esta espuria utilización llegó el 1 de octubre, durante la celebración del referéndum ilegal, pero puede tener continuidad en la legislatura que acaba de arrancar. Tal como publicamos hoy, un informe de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) exhorta a la Generalitat a elevar el número de mossos para "implementar la nueva república" y afrontar "situaciones de conflicto". La exigencia de una entidad que se ha demostrado clave en la toma de decisiones del independentismo suena a amenaza de perpetuación del choque institucional. Debería llevar a las autoridades del Estado a redoblar su vigilancia, máxime teniendo en cuenta que el artículo 155 sigue vigente. La ANC ha sido piedra angular del proceso soberanista no sólo por su capacidad para agitar la calle, sino por su participación en el comité estratégico del golpe. Su demanda resulta inquietante, dado que se trata de un cuerpo policial que ya ha demostrado que no tiene ningún reparo en encubrir actividades ilegales, tal como muestra su traicionera actuación durante el 1-O.


Juan Ignacio Zoido reveló ayer en el Senado que la operación policial para frenar los intentos rupturistas de Puigdemont y sus socios ha costado 87 millones de euros. El Ministerio del Interior debió gestionar con más tino la planificación de este operativo, incurrió en el error de fiarse de los mandos de los Mossos en los preparativos de la votación y no cuidó la manutención y el alojamiento de los agentes desplegados en Cataluña. Pese a ello, la partida destinada pasa a un segundo plano en la medida que lo que estaba en juego era la preservación de la unidad nacional. Cualquier Estado democrático considera una prioridad defender su supervivencia.
Los Mossos d'Esquadra intentaron quemar informes internos que atribuyen a Jordi Sánchez —expresidente de la ANC— y a Jordi Cuixart —presidente de Òmnium Cultural— la dirección del asedio a la Guardia Civil durante los registros en la Consejería de Economía del pasado 20 de septiembre. Los documentos también demostrarían la "ausencia de una clara voluntad de auxilio" de los mandos de los Mossos para dispersar a los manifestantes y facilitar la evacuación de los agentes que participaron en el dispositivo. Los informes, desconocidos hasta ahora, fueron interceptados por la Policía Nacional en una planta incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el 26 de octubre, solo unas horas antes de que entrara en vigor el artículo 155.
Según ha concluido la Brigada Provincial de Información de Barcelona de la Policía Nacional en un informe al que ha tenido accedo, en la treintena de cajas que los 'mossos' pretendían destruir había varias actas de su Área de Mediación y Negociación (AME), una unidad creada por el Govern en 2012 para rebajar la tensión de protestas violentas y que acudió al departamento de Economía para evaluar las movilizaciones contra la Guardia Civil. En un primer momento, los miembros de la AME se acercaron a los concentrados para entablar contacto, pero fueron rechazados "porque los toman por guardias civiles de paisano", cambiando la actitud de los manifestantes al identificarse como 'mossos'.



Zoido tiene razón cuando señala con claridad la "absoluta pasividad" y la "nula colaboración" de los Mossos a la hora de cumplir el mandato judicial de evitar el referéndum. La policía catalana movilizó a un dispositivo insuficiente (7.850 mossos frente a los 11.565 que participaron en la seguridad del 21-D) y no impidió la ocupación de muchos centros. Incluso el Gobierno catalán llegó a ofrecer resultados de la mayoría de los puntos en los que los Mossos aseguran haber evitado la votación.
Fue la hoja de ruta sececionista la que obligó al Estado a intervenir. Y fue la dejación de los Mossos de sus obligaciones, unido al uso de escudos humanos en las concentraciones -con presencia de radicales-, lo que derivó en las cargas del 1-O.
Para la Brigada de Información, de los propios informes de la AME y otros documentos incautados en la incineradora se desprende "la importancia y relevancia que en todo momento los mandos de los Mossos les dan a los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (...) quienes en todo momento controlaron la actitud de la masa y gozaron de información sensible sobre lo que estaba sucediendo". La Policía concluye que esos hechos "ponen de manifiesto de forma clara el papel dinamizador" que la ANC y Òmnium, así como sus "dirigentes", "representan dentro del llamado 'procés' hacia la independencia de Cataluña y la consideración de que gozaron en el transcurso de estos hechos".


 Aquel día, explotado de forma torticera por la propaganda separatista, representó un fracaso colectivo. Pero la responsabilidad primaria recae en quien promovió una consulta que vulneraba la legalidad. De ahí que resulte muy preocupante que el independentismo no oculte el propósito de reincidencia en utilizar los Mossos a su conveniencia. El Estado está obligado a evitarlo.

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La missió, visió i valors de la PG-ME

La missió de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra és protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la seguretat ciutadana, vetllant, des de la proximitat, per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns, d’acord amb l’ordenament jurídic.

Visió


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Volem que la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra esdevingui el referent de seguretat i la garantia de protecció i servei de les persones a Catalunya, des de la proximitat i la professionalitat, oferint un servei de qualitat.

Valors


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  • Proximitat: conèixer la realitat social, des de l’arrelament al territori, i detectar les necessitats de la ciutadania que es serveix, per afavorir la convivència pacífica.
  • Compromís: esforçar-se per complir les obligacions pròpies del lloc que s’ocupa.
  • Integritat: no treure profit de la condició de policia. Actuacions adaptades als preceptes deontològics.
  • Voluntat de servei: orientar-se cap a la ciutadania, amb la voluntat de satisfer les necessitats amb un servei de qualitat.
  • Eficàcia: aconseguir els objectius fixats, ser resolutiu en el lloc de treball propi, aconseguir els resultats previstos.
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Els Mossos d’Esquadra

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